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El Partido Republicano de Estados Unidos estima que lo dañino no son las torturas sino la publicación del informe que las denuncia
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Nadie comparecerá ante un tribunal que determine si hubo extralimitación en los "interrogatorios reforzados"
Dos actores reproducen en Coney Island una de las supuestas técnicas de tortura empleadas por la CIA en Guantánamo / Getty
Pedro González |
Ni responsables políticos, ni altos cargos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ni ejecutores directos de los malos tratos; nadie comparecerá ante un tribunal para explicar las sistemáticas torturas aplicadas a los detenidos, sospechosos de haber concebido, participado o estar preparando atentados terroristas contra personas e intereses de Estados Unidos.
La opinión pública apenas conoce un resumen, de algo más de 500 páginas, de un informe de 6.300 elaborado a instancias de los senadores demócratas norteamericanos. Una investigación en la quese ha tachado cuidadosamente cualquier cita de nombres propios de personas, instituciones o países colaboradores. Varios de estos últimos han albergado prisiones secretas, en las que se habrían realizado la mayor parte de estas prácticas, cuya mera enunciación ha alarmado a los que siguen preconizando que la salvaguarda de la seguridad no puede servir de excusa para derribar en su nombre el sistema de libertades y garantías del modelo democrático de Estados Unidos.
El perfeccionamiento en las técnicas de castigo aplicadas, según dicho informe, por los interrogadores especializados de la CIA, llevó tal práctica hasta el extremo de causar al menos una muerte por hipotermia, bastantes casos de enloquecimiento, graves secuelas en el aparato psicomotriz de muchos otros, y el general pisoteo de la dignidad de todos los detenidos.
Prácticas como la reiteración de los ahogamientos simulados, la privación total de sueño -hasta 180 horas seguidas-, o la "alimentación" forzada vía rectal, no parecen haber servido sin embargo para que ninguno de los 119 prisioneros que han sufrido tal martirio aportara datos relevantes que evitaran la comisión de nuevos atentados. Según señala el dossier, las informaciones realmente importantes fueron siempre conseguidas antes de someterles a este tipo de torturas.
Principales objetivos de estos métodos de "interrogatorio reforzado" han sido terroristas convictos de Al Qaeda como Abu Zabaydah y Jalid Shaik Mohammed, autorreconocido autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington. Pero también han sido víctimas de las mismas prácticas 26 de los prisioneros que, tras haber sufrido hasta dos años de encierro incomunicado, la propia CIA terminó admitiendo que habían sido detenidos por error y apresados como solución sustitutiva al no haber capturado a los que presuntamente eran los verdaderos culpables.
Interrogatorios 'reforzados'
El presidente Barack H. Obama, que ha manifestado en varios momentos su condena genérica de la tortura, ha preferido mantenerse equidistante en esta ocasión. Cierto es que, nada más tomar posesión de la Casa Blanca, canceló la orden de su antecesor, George W. Bush, de permitir los "interrogatorios reforzados", eufemismo bajo el que se han cobijado las exacciones cometidas. Nada impediría, por cierto, que en aras de los mismos poderes, otro presidente volviera a permitir las mismas prácticas.
Si en las filas demócratas, además de la publicación en sí del informe se han levantado algunas voces en favor de que se pidan responsabilidades, en las republicanas se han cerrado filas en defensa de la conveniencia de utilizar la tortura como método de investigación. Para el ala más dura de los conservadores lo grave no son las torturas en sí, sino la publicación de que se practican.
En todo caso, el denominador común a unos y otros es que el asunto ha quedado cerrado. Ni la Secretaría de Justicia ni el fiscal general moverán un dedo para abrir investigaciones derivadas del informe. Y, como parece más que obvio, los republicanos no van a promover su reapertura.
La ONU pide que se lleve a los responsables ante la Justicia
El expresidente Bush sigue reivindicando la "justeza" de su decisión. El que fuera su vicepresidente, el arrogante Dick Cheney, afirma que los "interrogatorios reforzados" eran la única forma de desactivar las bombas de relojería que representaban para el país los terroristas detenidos. Los exdirectores de la CIA, bajo cuyos mandatos se produjeron los hechos, rechazan cualquier culpa. George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden acusan incluso al informe de "lanzar un ataque partidista e interesado sobre una agencia [la CIA] que ha cumplido con su deber para proteger América después del 11-S".
Solo algunas ONG, además de los abogados defensores de los presos que aún siguen confinados y sin juicio en el penal de Guantánamo, y Naciones Unidas, ésta por boca de su relator especial para los Derechos Humanos, Ben Emmerson, reclaman que no se pase página tan rápidamente y que, con arreglo al Derecho Internacional, se lleve a los responsables ante la Justicia.
Vana exigencia porque ni el poder ejecutivo ni el legislativo norteamericano lo permitirán. Dejarán que transcurra el tiempo y que se olvide lo que la senadora demócrata Dianne Feinstein, la portavoz que presentó el resumen del informe, ha calificado como "una mancha" en los valores y la historia de los Estados Unidos de América.
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